El administrador de fincas debe cumplir con las exigencias de la normativa de protección de datos, puesto que esta ley le afecta como profesional y también como órgano de gobierno de la propia comunidad que administre. Además de las dos obligaciones anteriores, debe implantar las medidas de seguridad, informáticas y organizativas, necesarias para garantizar la integridad y confidencialidad de los datos de los ficheros de la comunidad. De forma adicional, el administrador de fincas debe firmar un contrato con la comunidad donde se establezcan sus obligaciones como encargado de tratamiento y las condiciones bajo las que utilizará dichos datos.